Este año nos han tocado elecciones catalanas en período de pandemia. No es ninguna sorpresa, dados los múltiples procesos electorales que hemos tenido los últimos años en este país, que coincidiera esta vez con una oleada del coronavirus. El sufragio es considerado como un derecho y obligación ciudadana de primer orden, estableciendo el deber de concurrir a los centros de votación para ejercer ese derecho u obligación con fundamento democrático, estando mal visto o incluso penado legalmente en algunos países la negación a ejercitarlo. Pero claro, esta vez no queda tan claro si prevalece esa obligación y derecho sobre el derecho a la vida y salud en período de pandemia. La objeción de conciencia no queda reconocida, y queda a cargo de las administraciones públicas hacer de justos valoradores. En todo caso, un tribunal ha decidido realizarlas. No nos queda otra que respetar las resoluciones judiciales, ya que en las mismas también se sustenta cualquier estado democrático. La democracia empieza con el voto, es la posibilidad de cambiar las cosas que afectan a nuestro día a día, y el voto es el inicio de un cascada administrativa para mejorar la calidad de nuestras vidas. Hay que agradecer a todas aquellas personas que con gran conciencia ciudadana estarán al pie del cañón el 14 de febrero: apoderados, funcionarios y ciudadanos elegidos en mesas electorales. Sin ellos no sería posible ejercer este derecho tan importante para todos. Y a todos aquellos también que a pesar de que este contexto intentan ejercer su voto superando los obstáculos coyunturales del momento.
