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La convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre no es un acto aislado ni una reacción improvisada; es la respuesta inevitable a una insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los derechos más básicos de la ciudadanía. Hoy en día, acceder a una vivienda digna se ha convertido en una quimera para la inmensa mayoría, ahogando los proyectos de vida de familias enteras y expulsando a la juventud de nuestros pueblos y ciudades. La vivienda no puede ni debe seguir siendo un activo financiero para enriquecer a unos pocos a costa de la exclusión social.
Pero el malestar va mucho más hondo. Esta huelga denuncia también un modelo empresarial cortoplacista que, lejos de repartir la riqueza generada por el crecimiento económico del país, se empeña en engordar grandes beneficios exprimiendo los salarios de las personas trabajadoras. Un modelo que traslada descaradamente al precio de los bienes básicos y al consumo diario los márgenes necesarios para sufragar costes de crisis energéticas y geopolíticas, mientras los bolsillos de la clase trabajadora se quedan cada vez más vacíos.
Frente a quienes intentan descalificar a las nuevas generaciones tachándolas despectivamente de “generación de cristal”, el 11N demuestra la enorme fuerza de una sociedad movilizada y madura. Son la juventud, las mujeres y los hombres de este país quienes están al frente de la lucha colectiva, liderando un clamor inquebrantable contra la precariedad laboral y habitacional que especialmente castiga a mujeres y migrantes.
Esta huelga es, en esencia, un llamamiento elemental a la dignidad. Es decir basta a jugarse la salud en puestos de trabajo precarizados, a ser estigmatizados por enfermarnos o a ver cómo la angustia constante por llegar a fin de mes y la amenaza del desahucio empujan a miles de personas hacia la crisis de salud mental. Nos jugamos el bienestar colectivo y el fortalecimiento de unos servicios públicos –sanidad, educación, cuidados y vivienda– que garanticen la igualdad de oportunidades sin obligarnos a pagar dos veces por derechos que ya nos corresponden.
Por todo ello, subir los salarios, reducir la jornada laboral, cuidar la salud laboral y erradicar la precariedad no son peticiones descabelladas, sino exigencias de mínimos para una convivencia democrática justa. El 11 de noviembre salimos a la calle para emplazar a las administraciones a frenar la especulación con la vivienda, poner coto a la escalada de precios y desbloquear una negociación colectiva estancada.
La huelga es nuestra herramienta más poderosa como personas trabajadoras para exigir que se garanticen nuestros derechos.
Nos va en ello el presente y el futuro. El 11N, todas y todos a la huelga general.
Por último, una frase para la reflexión, como decía Julio Anguita: “No me da miedo el ruido del poder, no me dan miedo los tanques, me da miedo el silencio del pueblo”.
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