9N

Por fin ha dado comienzo el juicio contra Artur Mar, Irene Rigau y Joana Ortega por el 9N de 2.014. No caeremos en el error de calificarlo de consulta ni nada parecido, pues fue una muestra de tergiversar la voluntad popular digna de estudio, y conviene aclarar qué se juzga y por qué estas personas están sentadas en el banquillo. Vaya por delante que el mero hecho de que a todo un presidente de la Generalitat y a dos de sus consejeras se las llegue a juzgar por prevaricación y desobediencia es en sí mismo un escándalo monumental que avergüenza a la gran mayoría de catalanes que no comulgamos con las tesis independentistas.
Cualquier estado democrático que se precie está regido por el imperio de la ley. Por tanto, aquel que decide no cumplir con la legalidad puede verse sometido a un proceso judicial y es lo que ahora está sucediendo. Venir con cuentos de que se trata de no cumplir leyes que son injustas además de un absurdo es una solemne estupidez, y compararlo con la segregación racial como han hecho algunos, raya en lo grotesco. Estas tres personas son juzgadas porque han decidido actuar al margen de la legalidad vigente y porque han desobedecido al Tribunal Constitucional, ni más ni menos. Por cierto, dudar de este órgano judicial a estas alturas resulta hasta cómico, pues se cae en el ridículo de que según si sus sentencias son favorables entonces es muy bonito, y si me son contrarias está desnaturalizado. Son argumentos propios de niños de primaria y no de políticos a los que se supone una mínima formación jurídica.
Pero lo más lamentable de todo ha sido la burda manipulación de los hechos, pretendiendo hacerse pasar por mártires y de que en realidad se juzga a todo el pueblo catalán. Pues no señor, mienten una vez más. Se juzga a tres personas por unos hechos cometidos por ellos mismos que pueden ser constitutivos de delito. Punto. Las sandeces sobre la democracia, la voz popular y demás subterfugios están totalmente fuera de lugar. Es el tan manido recurso de envolverse en la bandera para esconder sus vergüenzas, pero esta vez ya no engañan a nadie.
No están juzgando a la gente de Castellar, ni a la gente de Tarragona, ni mucho menos a todo el pueblo catalán, sino a tres personas que, ebrias de poder, han creído posible hacer lo que les ha dado la gana sin atenerse a la norma más elemental de cualquier estado democrático, que es el respeto a la ley. Tantos años acostumbrados a hacer lo que les ha convenido y ha llegado el momento de decir que hasta aquí hemos llegado. El Tribunal dictará la sentencia que considere llegado el caso, pero la principal lección a sacar es que nadie está por encima de la ley, por más presidente de la Generalitat que sea o haya sido.