No hace mucho escribí una carta en la que expresaba mi preocupación por el progresivo abandono de lo público en general, y de la salud mental en particular. Hoy deseo retomarlo, a raíz del reciente y tristemente mediático caso de Noelia Castillo, quien mantuvo durante casi dos años una dura batalla legal para ejercer su derecho a la eutanasia. Finalmente, el pasado 26 de marzo a las 18 h, y tras la sentencia definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su voluntad se cumplió. Detrás de este caso visible hay centenares de personas que inician el mismo trámite, cada una con sus propias circunstancias, y que raramente reciben la misma atención mediática.
Paralelamente, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decidido incrementar en un 5% el presupuesto destinado a los CAP, introduciendo nuevos incentivos por la gestión de bajas laborales derivadas de patologías musculares y trastornos de salud mental. Sin embargo, estos incentivos se vinculan a la reducción de los días de baja, según objetivos previamente marcados, y no se traducen en mejoras salariales para el personal sanitario. Entiendo que sea necesario controlar los posibles abusos, pero conviene preguntarse si este tipo de medidas no acaban penalizando al paciente que más apoyo necesita.
Los hechos son los que son: cada vez se trata menos a las personas como tales. Por ello, apelo a la ética profesional de cada facultativo cuando atienda a quien acude en busca de ayuda, y le ruego que no mida el tiempo de baja como si fuera un objetivo económico más que tratando con un ser humano. En mi caso, si percibo que se vulneran mis derechos, no dudaré en reclamar donde sea necesario. Solo si la ciudadanía se moviliza podremos aspirar a un trato digno y a una sanidad verdaderamente pública y humana.
No permitamos que nos ninguneen ni manipulen. Nos jugamos demasiado como sociedad.
